Los valoradores de la Dependencia en Andalucía somos 200 trabajadores
sociales funcionarios interinos de la Junta de Andalucía, con casi 11 años de
antigüedad ininterrumpida al servicio de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales.
Nosotros hemos levantado el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Andalucía, porque nosotros hemos sido la cara de la Junta de
Andalucía en los domicilios de las andaluzas y andaluces, vecinos, familiares y
usuarios del Sistema.
Y también hemos sido los “quitavergüenzas” de la Consejería de Igualdad
cuando hizo falta que en sólo una semana visitáramos a deshoras a las 20.000
personas en situación de Dependencia de Andalucía para que pudieran cobrar los
atrasos de 2012 en concepto de Prestaciones Económicas para Cuidados
Familiares con cargo al Plan de Pago a Proveedores del Gobierno del Estado; o
cuando durante varios años los valoradores fuimos habilitados como Inspectores
de Servicios Sociales (visitando a domicilio sin previo aviso para retirar Ayudas y
Prestaciones Económicas hasta en los rincones más inhóspitos y violentos de
Andalucía) sin ningún tipo de beneficio y sin reconocimiento ninguno… Ahora
estamos reclamando la diferencia retributiva que nos correspondía como
Inspectores y los Tribunales nos están dando la razón.
Cuando había que apretarse el cinturón, aceptamos sin rechistar que nos
quitaran el 10% de nuestro salario por ser interinos y ahora que la Junta de
Andalucía empieza a levantar cabeza nos echan a la calle al desempleo con una
mano delante y otra detrás:
10 compañeros valoradores de la Dependencia en Andalucía fueron cesados
el pasado 1 de septiembre de 2017 a consecuencia del último concurso de
méritos, que consiste en una alternativa para que los funcionarios de carrera
puedan solicitar la plaza de algún funcionario interino y promocionar a empleos
con mejores condiciones salariales, cuyo puesto de trabajo sin embargo, para los
funcionarios interinos es su único medio de vida. A propósito de que “sin causa
objetiva” –en términos del Tribunal Europeo, como estamos demandando desde
AproVadA en los Tribunales, a los funcionarios interinos no se les permite
participar en los concursos de méritos para ocupar ni siquiera los puestos que
siempre acaban quedando desiertos.
AproVadA presentó una Queja al Defensor del Pueblo contra el concurso de
méritos de julio de 2016 en la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo nos
apoyó con una Resolución, que se cerró con la promesa de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública de un PLAN DE ESTABILIZACIÓN del empleo
público en la Administración Pública andaluza.
Así pues, por Decreto 213/2017 se aprobó la Oferta de Empleo Público
extraordinaria para dicha estabilización del empleo público, donde se ofertan 273
plazas de funcionarios para trabajadores sociales. Y todos conformes porque
finalmente íbamos a tener unas oposiciones para todos después de tantos años en
la que poder luchar por nuestro propio puesto de trabajo.
Pero el pasado viernes 26 de enero, la misma Consejería de Hacienda
aprobó una Resolución en la que ofrecen todos los puestos de trabajadores
sociales valoradores de la Dependencia en Andalucía y de otros funcionarios
interinos COMO OFERTA DE VACANTES para que 17 funcionarios de carrera
que han aprobado una PROMOCIÓN INTERNA puedan elegir nuevos empleos,
volviendo a mandar al desempleo a otras 17 funcionarios interinos, madres y
padres de familia con más de 10 años de antigüedad ininterrumpida al servicio de
la Junta de Andalucía; habiendo en la Agencia de la Dependencia más de 60
puestos de trabajadores sociales vacantes y dotados presupuestariamente,
ninguno de los cuales se ha ofrecido para esta promoción interna… manteniendo
Función Pública la intención de ofrecer como vacantes los puestos de valoradores
que se salven en esta promoción interna, para ofrecerlas a los 41 trabajadores
sociales funcionarios que aprueben las oposiciones que están en pleno proceso
selectivo (y que han sido OPOSICIÓN LIBRE, o sea, que los valoradores de la
Dependencia no hemos tenido derecho ni siquiera a hacer valer nuestra
experiencia en el puesto al haberse eliminado la fase de concurso)
Esta injusticia de quitarnos la oportunidad y el derecho a conseguir nuestro
propio puesto de trabajo en el inminente proceso de estabilización, porque se nos
prometió y porque todos cumplimos el requisito del art. 19 de la LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017 de tener más de 3
años de antigüedad interina e ininterrumpida a 31 de diciembre de 2016 y puesto
que somos sector específico recogido en el propio Decreto 213/2017: “personal
que presta asistencia directa a usuarios de servicios sociales” responde más a una
REGULACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO ENCUBIERTA y no a los Procesos de
Estabilización del Acuerdo para la mejora del empleo público firmado el 29 de
marzo de 2017 entre las Organizaciones Sindicales más representativas y el
Ministro de Hacienda del Gobierno de España… y un ERE no se hace a
escondidas, sino que se negocia con las Organizaciones Sindicales con
representación en las Mesas de Negociación.
Junta Directiva de AproVadA
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