RETRATO DE LA DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA: RECORTES, CAOS, DESCONTENTO, PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA Y PARALISIS PERMANENTE

L.R. Valoradora de la Dependencia. Funcionaria interina desde el año 2007 Cualquiera que tenga un familiar Dependiente en Andalucía, sabe el retraso que existe tanto a la hora de valorar a estas personas, como para elaborar un plan individual de
atención con cada una de ellas,así como el déficit de plazas en centros de día o
residencias públicas, lo que hace que en la mayoría de los casos la espera desde que se
echa la solicitud hasta recibir las ayudas cuando se tienen derecho a ellas, se alarguen
mucho más allá de los seis meses que marca la Ley.
Unas ayudas que son insuficientes para sortear la sobrecarga económica y de cuidados que supone atender a una persona dependiente y que además se están otorgando por
debajo de lo que la propia Ley de Dependencia reconoce. Este es el caso de los Dependientes en grado moderado o Grado I, a los que después de años de espera, sólo en situaciónes muy excepcionales se les concede el Servicio de ayuda a domicilo al que tienen derecho, pero reducido de 20 a 10 horas, tal y como han denunciado los propios trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia encargados de
gestionarlas. Esto, aunque la Consejera de Igualdad y Asuntos Sociales niegue ninguna instrucción al respecto.
Cuando a los recortes se une una mala gestión.
La causa de esta situación no se encuentra sólo en los recortes del gobierno central, que acumulan 4.000 millones desde el año 2012 y que actualmente sólo aporta un 18% de la partida
destinada a Dependencia, en vez del 50% que le corresponde, sino también a la política
privatizadora y a una gestión ineficaz y desastrosa por parte del ejecutivo andalúz, que
una y otra vez se empeña en ocultar los problemas, maquillando estos tras estadísticas.
Este año el gobierno andaluz destinará un total de 1214 millones de euros a la
Dependencia, lo que constituye un aumento del 2,5% con respecto al año anterior, pero
muy insuficiente para revertir el parón. Una cantidad que contrasta con los más de 4000 millones de euros destinados por ejemplo al pago de la deuda pública. Ello desmuestra que para el Gobierno de Andalucía la prioridad no son las necesidades sociales sino cumplir y obedecer la Ley de estabilidad presupuestaria (aunque sea injusta) y ajustarse al déficit publico y al techo de gasto que le marcan desde arriba.
No se si el nuevo gobierno de España vendrá dispuesto a revertir los recortes de estos
años en Dependencia. Pero mal empezamos aceptando unos presupuestos generales
que hasta hace dos días rechazaban por antisociales e insolidarios y por perpetuar la
pobreza y la desigualdad
Esta política de ajuste, austeridad y privatización en el Sistema de Atención a la
Dependencia en Andalucía, ha tenido también un impacto grave en las condiciones
laborales de quienes día a día trabajamos dentro de él, en su mayoría mujeres.
En el caso de los valoradores de Dependencia, colectivo al cual pertenezco, somos en
un 90% interinas desde el 2007, por tanto en fraude de ley y nunca nos dieron la oportunidad de consolidarnos en nuestro puesto de trabajo.Y desde el año 2016 están
sacando todas nuestras plazas a concursos de méritos o promociones internas en las que no podemos participar.
La consecuencia de ello es que algunos ya fuímos cesados, perdiéndose con ello para el
sistema, la experiencia y profesionalidad adquirida en estos años.
Esto pese a que existen más de 50 plazas vacantes dotadas presupuestariamente (cuyo
dinero no sabemos donde va), que nos hemos visto obligados a cubrir en estos años,
abandonando en ocasiones nuestras propias zonas de trabajo.
La no reposición durante años ni de las bajas ni de las plazas vacantes unida a la injusticia de cesarnos antes de darnos la oportunidad de consolidarnos en nuestro puesto de trabajo, ha contribuído a aumentar el caos existente en muchos pueblos sin personal valorador desde hace años.También es una amenaza para los miles de puestos de trabajo que existen,en su mayoría en condiciones precarias, tanto en las empresas que otorgan el
servicio de ayuda a domicilio como en los centros de dia o residencias, cuyas plazas
concertadas dependen de la asignación de nuevos usuarios.
Igualmente vimos en estos días, como los 1500 trabajadores y trabajadoras de la Agencia
de Servicios sociales y Dependéncia(ASSDA), están convocados a paros parciales en lucha por un convenio colectivo digno,que llevan más de un año esperando. Perdidas de poder adquisitivo, horarios que impiden la conciliación laboral y familiar y unas plantillas insuficientes para atender a la población dependiente, son solo algunos de los problemas que sufre el personal de la ASSDA a los que actualmente aplican tres convenios distintos.Y por si fuera poco, la mitad de ellos tendrá que enfrentarse el próximo año,al igual que el personal funcionario interino, a un mal llamado "proceso de estabilización del empleo público" donde nose estabilizarán personas sino plazas, por lo que es en realidad
un ere encubierto.
Es el momento de unir fuerzas por una Dependéncia pública y de calidad.
En definitiva,las amenazas que se ciernen sobre el Sistema de Atención a la Dependencia
en Andalucía son cada vez más evidentes si no hacemos algo para remediarlo, afectando
en primer lugar a las personas dependientes y sus familias, que son el eslabon más débil
de esta cadena y que son algo más que números, como muy bien sabemos quienes
llevamos más de diez años trabajando a diario con ellas. En su intento de recuperar la
dignidad y lograr como muchos te dicen "la independéncia" que no tienen, vemos sus
sufrimientos,su impotencia y su esperanza cada vez más vaga, para conseguir un
derecho subjetivo que la ley les reconoce pero que la Junta de Andalucía les niega de
forma sistemática.
Valoradores, personal de la ASSDA, trabajadoras de las empresas de ayuda a domicilio,
Centros de dia o Residencias, así como la ciudadanía, que en algunas partes ya se está
organizando en Plataformas de apoyo a las personas dependientes: es el momento de luchar y de unir fuerzas.Cada uno por sus propias demandas y reivindicaciones, pero
todos y todas juntas por un Sistema de Atención a la Dependéncia Público y de Calidad.
Hay que exigir recursos económicos y humanos suficientes, pero también condiciones laborales dignas y estabilidad para quienes trabajamos dentro de ella.Porque con precariedad laboral, ¡no hay dependéncia de calidad!