388 funcionarios interinos de Administración de Justicia, 902 funcionarios interinos de Administración General, 9.603 funcionarios interinos de Administración Educativa y 18.618 eventuales estatutarios de Administración Sanitaria, al servicio de la Junta de Andalucía en Fraude de Ley por “utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada”, a tenor del
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, anexo ala Directiva 1999/70/CE del Consejo de la Unión Europea, de 28 de junio de 1999.
En total 29.511 empleados públicos interinos puestos a los pies de los caballos por el anterior gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, cuya Administración Pública, despreciando la experiencia acumulada de los funcionarios interinos que tantos años llevan trabajando bajo el yugo de
la precariedad laboral que supone la servidumbre política de la “utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada”, no tuvo otra ocurrencia que aprobar por Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, que los funcionarios interinos y eventuales estatutarios en Fraude de Ley por abuso de la temporalidad superior a los 3 años, tengan que vérselas a lo largo del año 2019 con un examen de oposición como única forma de consolidar sus propios puestos de trabajo; lo que amenaza con la mayor regulación de empleo encubierta de la historia llevada a cabo en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, a menos que el nuevo Consejo de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía lo impida.
Mientras tanto, siguen recogiendo firmas los 153 funcionarios de la Junta de Andalucía repartidos por el conjunto de provincias de la Comunidad Autónoma, propuestos como Fedatarios Especiales para la recogida de las 40.000 firmas que necesita la Iniciativa Legislativa Popular 10- 18/ILPA-000001 que consiste en una Proposición de Ley para que el Parlamento de Andalucía apruebe una Oferta Pública de Empleo, exclusivamente por concurso de méritos de antigüedad, para la definitiva estabilización de los funcionarios interinos y el personal eventual estatutario de la Junta de Andalucía en Fraude de Ley por abuso del nombramiento superior a los 3 años, mediante la aplicación del artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. Para lo cual se han solicitado 300 Pliegos más de Firmas a la Junta Electoral de Andalucía que suponen 7.500 firmas más, ante la posibilidad de que se invaliden firmas en el recuento posterior que debe realizar la Administración Pública competente y la demanda de otros colectivos de funcionarios interinos que quieren firmar.
También nos hemos reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz para pedirle formalmente por escrito que nos apoye a los funcionarios interinos de la Junta de Andalucía en fraude de Ley por “utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada”, en 2 propuestas muy concretas dirigidas al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se constituya, para que se bloqueen dichas plazas de funcionarios interinos en fraude de Ley que evitarían la ilegalidad del despido a consecuencia de las convocatorias de oposiciones a lo largo del ejercicio 2019, y también evitaría la demanda judicial de indemnizaciones por tales despidos improcedentes que se producirán en caso contrario.
Ninguna Administración Pública puede alcanzar unos estándares mínimos de calidad
en los servicios públicos, sobre la base de la precariedad laboral de sus empleados públicos. Con esta Iniciativa Legislativa Popular cuyo Proyecto de Ley supone una propuesta jurídicamente aplicable, que sin alterar el equilibrio presupuestario en la Junta de Andalucía y sin necesidad de destruir empleo público; conforme a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 (asuntos acumulados C-184/15 y C-197/15), Apartado 38, hace posible “sancionar debidamente” el Fraude de Ley que constituye la “utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada” de los 29.511 funcionarios interinos y personal eventual estatutario de la Junta de Andalucía con antigüedad superior a los 3 años; así como “eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión (Europea)” que constituye la precariedad laboral que dicho Fraude de Ley continuado ha generado en perjuicio de tantos funcionarios interinos de Administración Pública de Justicia, de Administración Pública General, de Administración Pública Educativa y eventuales estatutarios de Administración Pública Sanitaria de la Junta de Andalucía, ofreciéndoles una posibilidad real y proporcionada de consolidar sus propios puestos de trabajo.
David Núñez Márquez
Promotor de la Iniciativa Legislativa Popular
10-18/ILPA-000001
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